Introducción
En una edición anterior de Ensaio Energético (Melo, 2023), se presentaron las directrices iniciales del gobierno de Gustavo Petro, presidente de Colombia durante el período 2022-2026, en lo que respecta a la Transición Energética Justa (TEJ). En aquel momento, se destacó la propuesta de estructurar una Ruta de la Transición Energética Justa, con el objetivo de promover el cambio de una matriz energética basada en combustibles fósiles a otra sustentada por fuentes renovables, teniendo como pilares la participación social y la democratización del acceso a la energía (Ministerio de Minas y Energía, 2024).
Teniendo en cuenta que el mandato de gobierno del presidente Petro está llegando a su fin, resulta pertinente realizar un balance de las principales medidas establecidas en el sector energético en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) —uno de los principales hitos de la política energética del gobierno de Gustavo Petro— y, de manera específica, del documento que definió la Ruta de la Transición Energética Justa, centrándose en aquellas que tuvieron mayor impacto en el país. Entre ellas se destacan: (1) la creación e implementación de comunidades energéticas; (2) la expansión de las fuentes no convencionales de energía renovable en el Sistema Interconectado Nacional (SIN); (3) la política de hidrocarburos; (4) los programas orientados a la reducción de las tarifas de la energía eléctrica; y (5) el incremento gradual de los precios de la gasolina y el diésel.
Por último, el artículo presenta algunas reflexiones sobre los principales retos a los que deberá hacer frente el próximo gobierno en el sector energético colombiano, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre la transición energética, la seguridad del suministro de gas natural, la sostenibilidad fiscal y la expansión de las fuentes renovables no convencionales.
1. Creación y puesta en marcha de comunidades energéticas
Como señaló Melo (2023), la Ley 2294 de 2023, que establece el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, creó la figura de las comunidades energéticas, permitiendo que usuarios y comunidades generen, comercialicen y utilicen energía a partir de fuentes renovables no convencionales y de recursos energéticos distribuidos.
Sobre la base de esta ley, el Ministerio de Minas y Energía reguló las comunidades energéticas mediante el Decreto 2236 de 2023, en el que se definieron su naturaleza jurídica, sus objetivos y sus directrices generales. Además, se emitieron resoluciones orientadas a la implementación, al proceso de registro y a la asignación de recursos para su financiación. Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) estableció el marco regulatorio necesario para viabilizar la generación y el consumo colectivo de energía, incluyendo mecanismos de compensación de los excedentes mediante créditos en las facturas de electricidad.
En el marco del PND, el Gobierno estableció como meta la creación de 20.000 comunidades energéticas. En diciembre de 2025 se aprobaron recursos para garantizar la continuidad de estos proyectos a lo largo de 2026, con la previsión de beneficiar a 2.321 comunidades e instalar aproximadamente 37,39 MWp, especialmente en territorios con mayor vulnerabilidad energética (Ministerio de Minas y Energía, 2025a).
La creación y puesta en marcha de comunidades energéticas en Colombia representan una oportunidad estratégica para combatir la pobreza energética, ampliar el acceso a la electricidad en zonas rurales y en regiones no conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y promover una mayor descentralización del sistema energético. Además, estas iniciativas permiten una participación más activa de las comunidades en la generación y el consumo de electricidad a partir de fuentes renovables.
Sin embargo, para que estos beneficios puedan alcanzarse de manera sostenible a largo plazo, será necesario fortalecer las condiciones técnicas, financieras y regulatorias que permitan consolidar estas iniciativas. En este sentido, la política de comunidades energéticas dependerá de la disponibilidad de financiación, de la capacidad de operación y mantenimiento, y de la sostenibilidad técnica de los proyectos. Igualmente, será importante establecer directrices que promuevan la implementación de medidores inteligentes, sistemas de almacenamiento de energía y plataformas digitales capaces de facilitar el comercio de energía entre pares (P2P) y una gestión más eficiente de los recursos energéticos.
2. Expansión de las fuentes no convencionales de energía renovable en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)
Uno de los avances más relevantes observados en los últimos años ha sido la expansión de las energías renovables no convencionales en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), favorecida por políticas públicas e incentivos normativos implementados desde la Ley 1715 de 2014, que promovió la integración de estas fuentes al sistema energético colombiano. En este contexto, el gobierno de Petro mantuvo la transición energética como una de las prioridades de la política energética nacional y dio continuidad a iniciativas orientadas a la diversificación de la matriz eléctrica y a la promoción de las fuentes renovables.
Entre 2022 y 2026, la participación de las fuentes solar y eólica en la generación de energía eléctrica pasó de alrededor del 1,2 % a aproximadamente el 8,1 %, impulsada sobre todo por la expansión de los proyectos solares (véase la Tabla 1). Esta evolución contribuyó a diversificar una matriz históricamente dependiente de la generación hidroeléctrica, particularmente vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño.
Tabla 1 – Participación de las fuentes en la generación de energía eléctrica en Colombia, 2022 y 2026
Fuente: Elaboración propia con datos de XM (2026).
No obstante, la implementación de proyectos de energías renovables continúa enfrentando importantes retos. En regiones como La Guajira (extremo norte de Colombia), varios proyectos han sufrido retrasos asociados a conflictos sociales, procesos de licenciamiento ambiental, consultas previas, limitaciones en la conexión a la red y cuellos de botella en la infraestructura de transmisión. Como resultado, se observa una diferencia significativa entre la capacidad proyectada y la efectivamente incorporada: en 2022, solo alrededor del 28 % de la capacidad prevista entró en operación, mientras que, hasta la fecha en 2026, aproximadamente el 0,6 % de la capacidad proyectada ha sido instalada efectivamente (ANIF, 2026).
3. Política de hidrocarburos
En el marco de la Ruta de la Transición Energética Justa (TEJ), el gobierno propuso reducir gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles, argumentando que la producción de hidrocarburos en Colombia presenta limitaciones en términos de competitividad y que esta medida contribuiría a mitigar los impactos ambientales. Con base en esta orientación, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha optado por no promover nuevas rondas de contratos de exploración y producción de petróleo y gas.
Esta decisión ha generado preocupaciones en torno a la seguridad energética y la autosuficiencia en gas natural, con implicaciones directas sobre los costes para los consumidores y la sostenibilidad fiscal del gobierno, dada la importancia de los ingresos provenientes de las regalías. Según el Ministerio de Minas y Energía (2025b), en 2024 la relación reservas/producción de petróleo fue de 7,2 años, mientras que, en el caso del gas natural, el horizonte se situó en aproximadamente 5,9 años, lo que refuerza las incertidumbres sobre la oferta futura y los desafíos para una transición energética justa, especialmente considerando el papel del gas como combustible de transición.
Esta situación ya se refleja en la dinámica de abastecimiento del país. A partir de 2024, la producción nacional de gas se ha vuelto insuficiente para satisfacer la demanda interna, lo que ha llevado a un aumento de las importaciones, principalmente desde Estados Unidos. Este gas importado presenta costes más elevados debido a los procesos de licuefacción, transporte y regasificación, lo que ha presionado los precios de la energía para los consumidores residenciales y para los sectores que utilizan el gas como insumo estratégico, como el manufacturero, el agroindustrial y la generación termoeléctrica. En el primer trimestre de 2026, las importaciones ya superaban el 23 % del consumo, lo que representa un aumento significativo frente a la media de aproximadamente el 3 % observada entre 2015 y 2023 (ANIF, 2026). En este contexto, la creciente dependencia de las importaciones podría aumentar la vulnerabilidad económica del país y elevar los costes para los consumidores y los sectores productivos.
4. Programas destinados a reducir las tarifas de la electricidad
El gobierno también ha puesto en marcha medidas para reducir o estabilizar las tarifas de la energía eléctrica. Entre ellas se destacan los ajustes regulatorios orientados a promover contratos a largo plazo y a reducir la exposición al mercado de corto plazo (bolsa de energía), así como medidas para mitigar el impacto de los saldos acumulados de la opción tarifaria —mecanismo adoptado durante la pandemia de COVID-19 para aplazar los aumentos en las tarifas de energía—.
Además, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha debatido y publicado proyectos de resolución orientados a actualizar las metodologías de remuneración de las actividades de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Estas revisiones, que según el marco regulatorio de los servicios públicos deben realizarse, en general, cada cinco años, llevaban varios años sin actualizarse, lo que hacía necesaria su revisión. Estos cambios generan expectativas de una reducción significativa en las tarifas de energía eléctrica, aunque, hasta el momento, aún no se ha publicado un acto regulatorio definitivo sobre dichas actualizaciones.
En 2025, el Ministerio de Minas y Energía emitió un decreto con el objetivo de limitar la volatilidad de los precios, promoviendo una mayor estabilidad tarifaria mediante la contratación de energía en condiciones más previsibles (Ministerio de Minas y Energía, 2025c). Esta medida busca reducir la dependencia de los precios de la bolsa de energía, los cuales son altamente volátiles y sensibles a choques climáticos, como el fenómeno de El Niño. En particular, el nuevo marco regulatorio incentivó que una parte significativa de la energía se comercializara mediante contratos a largo plazo, reduciendo la incertidumbre para comercializadores y consumidores.
Estas iniciativas tienen un importante objetivo social: proteger a las familias frente al aumento de las tarifas, especialmente en la región Caribe, donde los costes energéticos han sido históricamente más elevados. Sin embargo, su eficacia a largo plazo depende de factores estructurales, como la reducción de las pérdidas no técnicas de energía, una mayor eficiencia operativa, inversiones en redes y un marco regulatorio estable.
5. Aumento gradual de los precios de la gasolina y el diésel
Con el objetivo de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), creado en 2007 para mitigar el impacto de la volatilidad internacional del petróleo sobre los precios internos de la gasolina y el diésel, el gobierno adoptó una estrategia de reajuste gradual mediante el incremento de los precios de estos combustibles en el mercado interno.
La deuda del Fondo se redujo de 36,7 billones de pesos colombianos en 2022 a 10,7 billones de pesos colombianos en 2024, principalmente debido a los ajustes en el precio de la gasolina y el diésel. Entre octubre de 2022 y agosto de 2023, los precios de la gasolina se ajustaron de forma progresiva. En el caso del diésel, los aumentos se produjeron más recientemente, con reajustes acumulados de aproximadamente 400 COP (pesos colombianos) entre septiembre y diciembre de 2025, seguidos de un nuevo reajuste de 99 COP en enero de 2026.
Desde el punto de vista fiscal, esta política contribuye a reducir la presión sobre las cuentas públicas, ya que mantener los precios de los combustibles por debajo del nivel de mercado requiere elevados subsidios. Por otro lado, los efectos son sociales e inflacionarios: las subidas de la gasolina y el diésel elevan los costes del transporte, la logística y los alimentos, lo que presiona el coste de vida y afecta principalmente a las familias de bajos ingresos y a los sectores más dependientes del transporte. Por ello, los ajustes en los precios de los combustibles deben ir acompañados de medidas complementarias, como compensaciones focalizadas e incentivos a alternativas de movilidad más limpias.
Además, es necesario actualizar los mecanismos de funcionamiento del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, con el objetivo de reducir sus desequilibrios financieros y garantizar un funcionamiento más eficiente, minimizando sus impactos negativos tanto sobre las finanzas públicas como sobre los consumidores.
Conclusiones y reflexiones
En general, el gobierno del presidente Petro ha dejado una agenda energética ambiciosa, con avances importantes en la transición energética justa, particularmente en la expansión de las energías renovables y en la consolidación institucional y regulatoria de las comunidades energéticas. Sin embargo, persisten retos importantes, como la seguridad del suministro de gas, la sostenibilidad fiscal, la ejecución de proyectos de energías renovables no convencionales que aún están atrasados y los efectos distributivos que genera el aumento de los precios de la gasolina y el diésel.
En este contexto, es necesario que el próximo gobierno adopte medidas estructurales capaces de garantizar la seguridad energética a largo plazo, incluyendo la viabilidad de proyectos de exploración, el desarrollo de nuevas fuentes de energía y la optimización del mercado de gas natural. Además, será importante avanzar en el debate sobre la eficiencia del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), especialmente en un contexto en el que los precios internacionales del petróleo continúan elevados, con el fin de seguir reduciendo su déficit y minimizando los impactos sobre los consumidores.
En el caso de las comunidades energéticas, será necesario complementar la política actual con medidas orientadas a la adopción de medidores inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía, además de ofrecer formación técnica para que las comunidades puedan comprender mejor la dinámica, el funcionamiento y el mantenimiento del sistema eléctrico.
En cuanto a los proyectos de energías renovables no convencionales que continúan atrasados, será necesario implementar mecanismos que agilicen los procesos de licenciamiento ambiental, ampliar las inversiones en redes de transmisión y fortalecer las estrategias de participación y distribución de beneficios para las comunidades locales, con el fin de aumentar la aceptación social de estos proyectos. Asimismo, serán necesarias medidas regulatorias que amplíen la capacidad de conexión al sistema eléctrico.
Referencias bibliográficas
ANIF. (2026). Gas natural: Riesgos para la seguridad energética. Abril 23 de 2026.
Melo, Y.E. (2023). O que esperar da institucionalidade e a transição energética na Colômbia?. Ensaio Energético, 22 de maio de 2023. Disponible en: https://ensaioenergetico.com.br/o-que-esperar-da-institucionalidade-e-a-transicao-energetica-na-colombia/. Acceso en: 2 de mayo 2026.
Ministerio de Minas y Energía. (2024). Minenergia. Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa. Disponible en: https://minenergia.gov.co/es/micrositios/transicion-energetica-justa/. Acceso en: 2 de mayo 2026.
Ministerio de Minas y Energía. (2025a). Minenergia. Gobierno asegura recursos y acelera ejecución de 2.321 comunidades energéticas en el país. Disponible en: https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/gobierno-asegura-recursos-y-acelera-ejecucion-de-2321-comunidades-energeticas-en-el-pais/. Acceso en: 2 mayo 2026.
Ministerio de Minas y Energía. (2025b). Minenergia.Colombia aumentó sus reservas probadas! En petróleo alcanzó un horizonte de 7,2 años y en las de gas se advierte un cambio positivo en la tendencia de los últimos años. Disponible en: https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/colombia-aumentó-sus-reservas-probadas-en-petróleo-alcanzó-un-horizonte-de-72-años-y-en-las-de-gas-cambió-la-tendencia-de-la-caída-a-tan-solo-dos-meses-quedando-en-59-años/. Acceso en: 2 mayo 2026.
Ministerio de Minas y Energía. (2025c). Minenergia. Gobierno nacional amplía decreto para estabilizar las tarifas de energía en Colombia. Disponible en: https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/gobierno-nacional-expide-decreto-para-estabilizar-tarifas-de-energia-en-colombia/. Acceso: 2 mayo 2026.
XM. (2026). Generación Real del SIN. Disponible en: https://sinergox.xm.com.co/oferta/Paginas/Informes/GeneracionSIN.aspx. Acceso: 2 mayo 2026.
Cita sugerida: Poveda, Y. E. M. Colombia en transición: avances y retos de la agenda energética del gobierno de Gustavo Petro. Ensaio Energético, 18 de mayo, 2026.
Autora do Ensaio Energético. Economista e mestre em Economia pela Universidade Nacional da Colômbia, sede Medellín, e doutora em Economia pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, é professora do Tecnológico de Antioquia – Instituição Universitária (Medellín, Colômbia).
